Los ayuntamientos de Ancín y Murieta, junto a Sustrai Erakuntza, consideran que “la razón está de nuestra parte”
ANCÍN - Los ayuntamientos de Ancín y Murieta y la Fundación Sustrai Erakuntza van a presentar hoy un recurso de casación ante el Tribunal Supremo oponiéndose al PSIS del denominado Proyecto de abastecimiento de agua a Viana y la Ribera Alta, promovido por la Mancomunidad de Montejurra.
La decisión la han tomado pocos días después de conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), -“contraria a nuestros intereses”-, y con el respaldo también de la Asociación Salvemos el Ega-Ega Bizirik.
Los alegantes recuerdan que se trata de un proyecto “para extraer agua del acuífero de Lokiz, situado en nuestro valle de Valdega, y conducirla a la ribera del Ebro”. “La sentencia es contraria a nuestros intereses de defender el medio ambiente y los ecosistemas hídricos de nuestro entorno ante el reiterado secado de fuentes y nacederos”.
TRES ARGUMENTOS Los recurrentes hablan de tres argumentos principales para rechazar el Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal que promueve Montejurra. Por un lado, el “uso sostenible del agua y necesidad de recuperación de costes”. En ese sentido, dicen que el PSIS “no incluye ninguna medida de gestión de las demandas que pueda conducir a un mayor ahorro y uso sostenible de este recurso” y aseguran que “los consumos y dotaciones previstos resultan excesivos”. Señalan también que no se recogen presupuestos de las obras a realizar ni costes medioambientales ni del agua. “Es de obligado cumplimiento realizar un análisis de recuperación de costes”.Tras analizar la sentencia, creen que es “necesario continuar demandando judicialmente los derechos que corresponden” a los habitantes de Valdega, entre otras cosas, porque “la sentencia del TSJN no tiene en cuenta aspectos importantes del derecho y creemos que la razón está de nuestra parte”.
El segundo argumento es que ha habido “falta de información y de participación pública” en los municipios de Valdega. “Nunca fuimos informados sobre el proyecto hasta que se aprobó”, recuerdan. “Se puso a exposición pública en agosto de 2011 y solo se informó a los municipios afectados por las obras. Tampoco se realizaron reuniones informativas en nuestros ayuntamientos, algo que sí se realizó en los demás”, continuaron.
Finalmente, exponen que se permitirá construir infraestructuras para extraer agua “sin la preceptiva concesión” de aguas por parte de Confederación (CHE). Dicen que en el pozo P-2 de Mendaza se extraen 3 Hm3 al año sin concesión administrativa, y en el P-3 de Ancín más de 2 “sin tener la concesión en regla”, como manda la Ley de Aguas antes del uso privativo de las mismas. “Estas extracciones se sitúan en una notable situación de irregularidad legal”, añadieron, agregando que el proyecto estaría valorado en más de 40 millones de euros.
Igualmente, este viernes han organizado una charla a las 18.30 horas en el ayuntamiento de Ancín para explicar a los vecinos y representantes públicos de toda la Merindad los pasos que han decidido dar para intentar paralizar el proyecto. - D.N.
